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Contraloría faculta a MINEDUC a pagar de su bolsillo deudas de profesores municipales en San Fernando

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La Contraloría dictaminó que el Mineduc puede intervenir, en el caso de los profesores de San Fernando que llevan un mes y medio en paro, y pagar lo que se les adeuda en remuneraciones y previsión.

17 de julio de 2017. Un día que para el Colegio de Profesores será recordado de manera positiva, sin duda, porque se conoció el dictamen de la Contraloría General de la República que establece que el Ministerio de Educación puede, de manera excepcional, cancelar los dineros que la Corporación de Educación Municipal de San Fernando, le  adeuda a los docentes de la zona, por concepto de remuneraciones y de previsión.

Durante un mes y medio, los profesores de esa ciudad han mantenido el paro de sus actividades, afectando a cinco mil estudiantes que están sin clases, medida adoptada después de tocar varias puertas sin recibir soluciones y conseguir que se les pague lo que les corresponde por deudas que se arrastran por largo tiempo.

La Contraloría, en su resolución, estableció el nombramiento de un administrador provisional para los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación de Educación de San Fernando, el que tendrá que ser designado por la Superintendencia de Educación, tal como lo determina la letra i del artículo 49 de la Ley Nº 20.529. En dicho artículo se indica que para cumplir con sus funciones, la Superintendencia tendrá la facultad de “disponer el nombramiento de un administrador provisional para la gestión de los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del Estado”. Agregándose, en el inciso primero del artículo 87 que “la Superintendencia, mediante resolución fundada, podrá nombrar un administrador provisional para que asuma las funciones que competen al sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes del Estado, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de dicho establecimiento y la continuidad del servicio educativo”.

Cabe señalar que la Ley Nº 20.529, precisamente, determina que la Superintendencia de Educación puede nombrar a un administrador provisional cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones previsionales o de  salud del personal del establecimiento”.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, en entrevista con EL MURO señala en cuanto al monto que se adeuda a los 1.000 trabajadores (docentes y asistentes) de establecimientos educacionales de San Fernando, que el piso es de $7 mil millones y podría llegar a los $10 mil millones. “Oficialmente, se habla de $7 mil millones, pero nosotros pensamos que es más que eso. Aquí hay todo un enredo, situaciones poco claras en esta nefasta administración municipal y las cuentas tampoco están del todo claras, ni el propio Ministerio de Educación las tiene con total precisión y, eso, va a requerir, probablemente, auditorías y peritajes más específicos”.

El dirigente del Magisterio sostiene que “nosotros lo que queríamos es que se asuma lo que el dictamen de la Contraloría General de la República señala. Es impresentable e inaceptable un Estado de derecho, donde el Estado no tiene facultades para intervenir, donde, a juicio, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación, ellos no tenían facultades. Hicimos presión y tuvimos el apoyo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se empezó a levantar un clamor muy fuerte, para que el Estado se hiciera cargo de este problema”. Añade que “este dictamen para nosotros es un avance, porque, ahora sí, ya no puede haber pretextos por parte ni del Ministerio de Educación, ni de la Superintendencia de Educación para hacer su intervención directa”.

Aguilar afirma que “durante mucho tiempo, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y otros organismos negaron tener las facultades para intervenir y, ahora, un histórico dictamen de la Contraloría General de la República establece que sí tienen facultades y que, en situaciones como la de San Fernando, el Estado puede intervenir directamente. Hoy queda en manos del Ministerio de Educación, de la Ministra (Adriana Delpiano) como máxima autoridad y del Superintendente de Educación, el que este problema pueda ser resuelto y exigimos la solución inmediata al problema de San Fernando”.

Plantea que “nada impide que, en este minuto, se haga la intervención directa que este sistema requiere. Esa tropa de negligentes que administra el municipio de San Fernando pueda salir de la gestión de la educación y se empiece a normalizar y regularizar la situación por el bien de los niños, de nuestros colegas docentes y que los pagos se hagan efectivo en el más breve plazo”.

Cabe señalar que el no pago de remuneraciones y de cotizaciones previsionales no sólo afecta a los profesores de San Fernando, sino también a docentes de numerosas otras comunas del país, los que no están en paro, pero sí en estado de alerta y a la espera de que para ellos también se logre una solución a la brevedad. Varias municipalidades del país mantienen deudas pendientes con cerca del 80% de los docentes, suma que superaría los $150 mil millones,  considerando casos más graves y menos graves, con algún nivel de deuda, con deudas pequeñas hasta deudas grandes multimillonarias como Cerro Navia, Valparaíso y Santiago.

Según el presidente del Colegio de Profesores, “la mayoría de los argumentos que entregan los alcaldes es no tener recursos. Está el caso de Cerro Navia, donde el alcalde es nuevo (Mauro Tamayo) y, efectivamente, heredó el problema de una gestión anterior desastrosa, ahí el alcalde (Luis Plaza) era, derechamente, “Alibabá y sus 40 asesores”, porque esa cuestión fue como el eslogan de La Polar ¡Llegar y llevar! Y, ése es el municipio más grave en términos de desfalco y de déficit. Lo mismo pasa con el alcalde de Santiago Felipe Alessandri (la anterior edil fue Carolina Tohá)”.

Mario Aguilar agrega que “en el caso del alcalde de Santiago que es de derecha heredó una deuda de la Nueva Mayoría y en el caso del actual alcalde de Cerro Navia, que es de izquierda, heredó una deuda de Chile Vamos. Eso, no tiene que ver con un color político, sino con una gestión negligente o, derechamente, corrupta en algunos casos”.

Nota: Eugenio Jaramillo M.

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